Casi sin darnos cuenta, la digitalización ha cambiado nuestra forma de interactuar con el entorno. Cada vez son más las acciones que realizamos en el mundo virtual. Las relaciones sociales, la compra online, el e-learning y el teletrabajo son solo algunas de las muchas actividades que realizamos de manera virtual en nuestro día a día. Pero, fuera de lo cotidiano, hay quienes aprovechan las facilidades que nos brinda la tecnología para otro tipo de acciones, cometer delitos en Internet.
Ya no es necesario cubrirse el rostro con una careta de payaso para llevar a cabo un atraco, ni tener un plan de huida bien acotado para desaparecer por completo, existe gran número de técnicas que permiten a un ciberdelincuente esconder su identidad y volverse prácticamente irrastreable en la red. Basta con un simple ordenador conectado a Internet, nada más.
La ciberdelincuencia crece a un ritmo desorbitado
Las cifras lo demuestran. Solo en 2019 se conocieron cerca de 220.000 ciberdelitos en nuestro país, según informes del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior. Estos números no reflejan la cantidad de casos que quedan ocultos, o que no se llegan a denunciar, dato difícil de calcular. Además, se prevé que estas cifras sigan aumentando drásticamente, ya que, con la transformación digital la actividad en Internet se ha disparado.
Aparte del rápido aumento de los ciberdelitos, existen grandes retos aún por resolver. Con la llegada de las evidencias digitales y la variedad de formatos, la falta de estandarización supone una dificultad añadida para el intercambio y procesamiento de la información entre diferentes partes. No existe un marco común para el tratamiento de evidencias digitales ni para los procedimientos forenses digitales.
La interoperabilidad también es un problema cuando el delito en Internet involucra a varias jurisdicciones. Por ejemplo, en cada legislación una evidencia digital puede tener distinto valor probatorio, por no mencionar que una acción puede ser considerada legal o ilegal según el territorio. A todo esto, hay que sumarle la complejidad inherente al sistema legal, que puede resultar un problema cuando el factor tiempo es verdaderamente importante.
¿Qué es una evidencia digital o prueba electrónica?
En la definición más amplia del término, entendemos por evidencia digital todo tipo de información en formato digital que sirve como testimonio o prueba en un proceso judicial para relacionar un delito con su autor y/o con su víctima. En pocas palabras, cualquier dato digital que sirva como prueba en un juicio. Desde un correo electrónico, una imagen, un video, un snapshot de una página web, hasta información almacenada en un disco duro, un teléfono móvil, un servidor, y muchas otras variantes.
En este contexto aparecen distintas iniciativas europeas con el objetivo de construir un futuro más seguro y unificar la respuesta al cibercrimen. Entre ellas, se encuentra LOCARD, un proyecto financiado por el Programa Horizon 2020 de la Unión Europea (grant agreement no. 832735) que trata de combatir cualquier tipo de crimen, con especial foco en el cibernético. Otros proyectos como FORMOBILE, ROXANNE o CC-DRIVER también contribuyen a la lucha aportando enfoques complementarios.
El proyecto LOCARD: aportando confianza a las evidencias digitales
Como dato curioso, el nombre de LOCARD procede de un famoso criminólogo francés llamado Edmond Locard, pionero en el análisis forense y conocido como el “Sherlock Holmes de Francia”. A esta figura le debemos el famoso Principio de Intercambio de Locard, basado en el concepto de que “todo contacto deja un rastro”.
Sobre esta teoría se asienta el proyecto LOCARD, con el objetivo de proporcionar una plataforma colaborativa y distribuida que permita automatizar el registro, análisis y custodia de cualquier tipo de evidencia digital, como una prueba válida ante un tribunal. El equipo lo forman 19 socios repartidos por 12 países de Europa, entre los cuales se encuentran tres cuerpos de policía, centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas como Telefónica, para no solo desarrollar las funcionalidades técnicas, si no para analizar también los requisitos que debe cumplir la plataforma desde una perspectiva social, ética y legal.
La plataforma no solo servirá como un sistema distribuido de almacenamiento seguro, si no que ofrecerá un kit de herramientas de investigación, comunicación y reporte, junto con motores de inteligencia, permitiendo al usuario realizar búsquedas proactivas de actividad ilegal, capturar evidencias online o de dispositivos físicos y monitorizar investigaciones en tiempo real, por nombrar algunas de las funcionalidades. En definitiva, aliviar los problemas de las prácticas actuales y dotar de integridad, transparencia y seguridad a todo el proceso.
Una de las piezas clave en este proyecto es la tecnología Blockchain. Gracias a la inmutabilidad de la información se garantiza que cualquier evidencia registrada no ha sido manipulada ni falsificada, aportando una nueva dimensión al carácter probatorio de la misma en un proceso policial o judicial.
Por medio de contratos inteligentes se establecen las reglas para crear y gestionar los casos de cibercrimen. Tras la identificación de un posible crimen, se crea un nuevo caso como un activo digital. A partir de ese momento, toda actividad relacionada con el caso pasa por el contrato inteligente y deja un rastro. Se podrá añadir, solicitar y analizar evidencias, autorizar acceso a cierta información, consultar el estado del caso, generar un informe y otras funcionalidades. Así, podemos trazar todo el ciclo de vida del activo (i.e. del caso), desde la identificación y creación del mismo hasta el uso de evidencias como prueba ante un tribunal, y conocer todo el histórico de sucesos en relación con un caso. Además, gracias a la criptografía inherente a Blockchain, se asocia a cada evento registrado la huella de tiempo y la identidad del usuario que interactúa con el caso.
Registro de evidencias de piratería en Blockchain
A partir de la segunda mitad de año, con la versión Beta de LOCARD, comenzarán las primeras pruebas de la plataforma. Se han planteado varios casos de uso iniciales, entre los cuales encontramos: el robo de información de la base de datos de una organización, la sospecha de contenido ilegal en un dispositivo físico y el streaming ilegal de contenido multimedia protegido (i.e. piratería online de contenidos).
Desde Telefónica trabajamos en el proyecto colaborando en el diseño, implementación y pruebas de la plataforma LOCARD, aplicado al caso de uso de antipiratería. La apuesta por proteger el contenido digital es algo que llevamos haciendo desde hace tiempo con la ayuda de Smart Protection, una compañía líder en la protección de activos online invertida a través de Telefónica Tech Ventures. Además, trabajamos en la definición de un marco europeo de estandarización para el tratamiento de evidencias digitales en el contexto de la Unión Europea, lo que permitirá eliminar una de las barreras recurrentes en la adopción de Blockchain, la falta de jurisprudencia respecto a la validez probatoria de las evidencias digitales registradas en Blockchain.
En un futuro la solución podrá ser utilizada tanto por entidades públicas como privadas. Incluso se permitirá a los ciudadanos que puedan reportar acciones ilegales en Internet, para que entre todos construyamos un futuro más seguro. Pero esto, os lo contaremos más adelante.
Este proyecto ha recibido financiacion del Programa Horizon 2020 bajo el acuerdo nº 832735.
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